Un buen ejemplo de la desconexión en la que vive buena parte de nuestra clase política se refleja en el comunicado publicado ayer por la bancada de Acción Popular. Se trata del partido más antiguo entre los que tienen inscripción oficial en el Registro de organizaciones políticas. Fundado bajo liderazgo de Fernando Belaunde en 1956, Acción Popular ha ganado dos veces las elecciones presidenciales y uno de sus miembros ejerció la presidencia durante la transición del fujimorismo a la reconstrucción de la democracia. El miércoles la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país a seis de sus congresistas.
Y por eso, ayer los llamados “Niños” acudieron a la Fiscalía a dejar simbólicamente sus pasaportes. Poco más tarde, la bancada publicó un documento solemne. ¿Sobre qué? Ni una sola palabra sobre la investigación por corrupción que se cierne sobre una parte importante de sus miembros. La bancada proclama su rechazo a “la represión ejercida hacia nuestros militantes”. ¿Quién ejercería esa represión? Pues el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, que han cuestionado la viabilidad de una ley que modifica el calendario de las elecciones municipales y regionales, que ya están en curso.
Los congresistas de Acción Popular anuncian que presentarán “una denuncia constitucional contra los titulares” de los organismos electorales. Desconectados de la realidad, no se cuestionan por qué no fueron capaces de inscribir sus candidatos a tiempo. Y peor aún, no ofrecen ninguna explicación sobre la sospecha de haber asegurado por razones subalternas la permanencia en el poder de Pedro Castillo. Silencio sobre lo grave, sobreactuación y victimismo para esconder su ineficiencia. Alguna vez se dijo que Acción Popular era una Federación de Independientes. Sería peor que descubriéramos que es una Federación de dependientes.
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