Parece una broma de mal gusto, pero es una cruel realidad. Un gobierno que tiene ministros que no cumplen con los requisitos mínimos para ejercer el cargo decide la expulsión de nuestro país de una abogada venezolana, miembro del Colegio de Abogados de Lima, que radica entre nosotros desde hace más de diez años.
La señora Paulina Facchin se alejó con su familia de su país para ponerse al abrigo de una cleptocracia que ha empobrecido al país más rico de América Latina, provocando el exilio de millones de venezolanos que aspiran a vivir en libertad. Recordemos que una décima parte de los peruanos viven en otros países, donde votan en nuestras elecciones y en muchos casos envían remesas que ayudan a sus familias y contribuyen con la economía nacional. Nos repugna la idea de que se los pueda tratar con xenofobia y que sean discriminados por ser peruanos. Por eso indigna que para expulsar a una extranjera la autoridad política recurra a deleznables argumentos de leguleyo y le niegue el derecho a adoptar la nacionalidad peruana.
En un país en el que el presidente presenta una tesis que “solo” tiene 42% de copia, se expulsa a una extranjera por imprecisiones laborales menores en los formularios de la Superintendencia de Migraciones. La señora Facchin se ha ganado la reputación de ser una ciudadana respetuosa de nuestro Estado de Derecho y enamorada de nuestra geografía y de nuestra historia.
La señora Facchin ha dedicado buena parte de su actividad a colaborar con venezolanos que llegan precipitadamente y quieren integrarse a nuestra sociedad. Lo sabemos en RPP puesto que ha venido en numerosas oportunidades a dar testimonio del calvario que viven muchos de sus compatriotas para salir de su país y hallar una patria de adopción. Los que creen en la unidad latinoamericana deberían rechazar la “expulsión” de Paulina Facchin y la prohibición de regresar al Perú durante los próximos quince años. No solo es un asunto de derechos, también lo es de decencia y de humanidad.
Las cosas como son
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