El Congreso tiene hoy una doble responsabilidad crucial: recibir el proyecto anunciado por el presidente Vizcarra y decidir si mantiene la modalidad de elección de los jueces constitucionales. 

El día de hoy será recordado como un momento de parteaguas en nuestra historia política. Es probable que las decisiones que tome hoy el Congreso sean recordadas durante mucho tiempo y es poco probable que con el paso del tiempo se hallen razones valederas para justificar lo que una mayoría de ciudadanos asocia con la precipitación y la falta de transparencia. El presidente de la República ha sido claro al sostener que lo que está en juego es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde hace más de tres años sabíamos que el resultado de las elecciones del 2016 nos llevó a una polarización entre la mayoría parlamentaria fujimorista y el Poder Ejecutivo. Y en el trasfondo, el caso Odebrecht que ha implicado a los cuatro últimos presidentes elegidos, pero también a muchos congresistas, funcionarios, empresarios y periodistas, cuyos nombres no sabemos todavía. Desde el discurso de julio pasado, Martín Vizcarra propuso recortar los actuales mandatos políticos para superar el entrampamiento político y disponer de nuevas autoridades que asegurarán una mejor gestión del Estado y garantizarán el éxito de la lucha contra la corrupción. Su proyecto de ley fue finalmente archivado por la Comisión de Constitución y no llegó a ser discutido en el Pleno.

En vez de esa reforma, el Congreso decidió acelerar la elección de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional y adoptó para eso una modalidad legal pero manifiestamente orientada a impedir un consenso sereno. El Ejecutivo reaccionó anunciando para hoy la presentación de un proyecto de ley para el que pedirá la confianza del Pleno. En caso contrario, Vizcarra señaló anoche que disolvería la Cámara para proceder, como establece la constitución, a nuevas elecciones parlamentarias dentro del plazo de cuatro meses. Vizcarra lamentó la falta de idoneidad de algunos de los candidatos invitados, en momentos en que el Tribunal tiene que pronunciarse sobre casos y aspectos cruciales de la lucha contra la corrupción. Los constitucionalistas están divididos. Algunos, como Domingo García Belaunde y Víctor García Toma, piensan que la elección de los magistrados es ya irreversible y que el proyecto que será presentado hoy con carácter de urgencia a la 8:30 no puede detener la elección prevista a las 10:00. Raúl Ferrero Costa y César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, piensan lo contrario.

Cuando, pasadas las pasiones y los intereses de coyuntura, se pueda juzgar con lucidez los desafíos de hoy, las preguntas que se nos harán son: ¿quién actuó con sentido del interés nacional? ¿quién buscó prescindir de intereses particulares y sesgos políticos para restablecer la confianza en nuestras instituciones y favorecer las condiciones de vida de nuestra población? ¿quiénes contribuyeron con su acción o su silencio a fragilizar nuestra democracia?

En todas partes del mundo existen momentos de tensión entre los poderes del Estado. Basta pensar en el proceso de destitución parlamentaria de Donald Trump, en el fallo contra Johnson de la Corte Suprema, o la exhumación del cuerpo del ex dictador de Franco en España, ordenada por la máxima instancia judicial. El ex presidente francés Jacques Chirac ha sido inhumado hoy, y aunque parezca de mal gusto recordarlo, pese a la popularidad adquirida al término de su mandato de doce años, ha sido el único Jefe de Estado francés condenado a dos años de prisión suspendida por corrupción. Ni siquiera apeló la sentencia. En esos países existen instituciones que no actúan con consignas política. El respeto a la Justicia es la base sobre la que se edifica el Estado. Y la única garantía de que los conflictos sean resueltos de manera digna y transparente. Lo que se decida hoy nos acercará o alejará de esa exigencia de las sociedades democráticas.

Las cosas como son