Como cualquier ciudadano, Pedro Castillo puede discrepar con las afirmaciones que se hacen sobre él, sus discursos y sus actividades. Pero lo que no puede hacer es amenazar a la prensa independiente de alcance nacional y oponerla de manera maniquea a los órganos de prensa regionales.

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El presidente de la República ha vuelto a incurrir ayer en un error que arroja dudas sobre su concepción de la libertad de prensa y en consecuencia de la democracia. Hablando en Huancavelica “condenó” a órganos de prensa que, según él, distorsionaron la realidad de protestas registradas la víspera en Arequipa. Como cualquier ciudadano, Pedro Castillo puede discrepar con las afirmaciones que se hacen sobre él, sus discursos y sus actividades. Pero lo que no puede hacer es amenazar a la prensa independiente de alcance nacional y oponerla de manera maniquea a los órganos de prensa regionales. En efecto, Castillo afirmó que no daría ni un sol a publicaciones que no están con el pueblo y que pretenden que se distraiga en su beneficio dinero del Estado, en vez de utilizarlo para poner agua y saneamiento a peruanos que no disponen de esos servicios. Castillo debería saber que el Estado no da dinero a los órganos de prensa, lo que hace es contratar publicidad para sus acciones y lo hace en el marco de la ley que prioriza, como es natural, a los órganos que tienen llegada al público objetivo de cada campaña.

No se trata pues de subvenciones y menos de decisiones arbitrarias que parecen propias de un caudillo pero no del presidente de una república. La amenaza sorprende tanto más que ya tuvimos la experiencia de la llamada Ley Mulder, que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Lo dicho por el presidente parece promover el surgimiento de una prensa sumisa, que diga lo que el poder quiere oír a cambio de recibir contratos de publicidad. Esperemos que la llegada de una nueva Secretaria de Prensa y un nuevo Secretario general de la Presidencia contribuya a que el presidente acepte la diversidad de versiones, ofrezca conferencias de prensa y no utilice el dinero de los impuestos para promover una prensa sometida a sus indicaciones.

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