Las cosas como son
La amenaza del narcotráfico, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

El fracaso de la industrialización en Bolivia es una prueba contudente de que ni siquiera la inversión masiva del Estado ha podido crear un mercado legal de las aplicaciones de la coca.

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Hay ciertas formas de crimen organizado que pueden terminar por controlar un país entero. El narcotráfico es una de ellas. El narcotráfico genera una cadena de actividades que va desde el cultivo y el transporte hasta las operaciones de blanqueo e inversiones financieras. El reciente asesinato del presidente de Haití es una muestra de que las bandas de narcotraficantes pueden tener más poder que el Estado. El Perú tiene actualmente más de cincuenta mil hectáreas consagradas al cultivo de plantas de coca. Con la décima parte de esa superficie se puede satisfacer la demanda de uso tradicional, que es la costumbre de chacchar hojas. Las otras nueve partes terminan convertidas en la cocaína que se exporta a los países desarrollados. La idea de industrializar el uso de la hoja de coca es en el mejor de los casos una ilusión, en el peor un mecanismo de complicidad con el narcotráfico. El fracaso de la industrialización en Bolivia es una prueba contudente de que ni siquiera la inversión masiva del Estado ha podido crear un mercado legal de las aplicaciones de la coca.

En el caso del Perú las plantaciones de coca han permitido la persistencia de grupos armados que desafían a la Policía y a la Fuerza Armada, especialmente en el VRAEM. Políticos como el congresista Guillermo Bermejo promueven el cultivo de plantas de coca, al que consideran una manifestación de nuestra soberanía. El narcotráfico es un poderoso factor de corrupción y de compra de conciencias. En México, por ejemplo, se ha avanzado, gracias a la cooperación de Estados Unidos, a identificar a jefes militares y autoridades civiles que se enrriquecían fingiendo una acción que no era sino encubrimiento y complicidad. Estamos a tiempo de intensificar la política de erradicación de cultivos. Para eso necesitamos un compromiso claro del Ministerio del Interior, pero hasta ahora el flamante ministro Luis Barranzuela parece alinearse con las tesis “soberanistas”.

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