El gobierno escogió el aniversario del golpe militar de 1968 para lanzar lo que denomina una segunda reforma agraria. El ministro de Economía ha explicado que esta vez no se trata de “expropiaciones de tierras” sino de medidas para “incluir” mejor en los mercados a dos millones de pequeños agricultores que se ven perjudicados por la distorsión de precios que generan los subsidios de los grandes países exportadores. Mejorar la productividad de la agricultura familiar y reducir la brecha con las grandes empresas agroexportadores no requiere de retórica sino de gestión y de diálogo entre todos los sectores productivos. Es por eso una mala señal que no se haya incorporado a los productores que han logrado tecnificar y conquistar grandes mercados en el extranjero.
El Estado tiene un rol importante que jugar en la construcción de carreteras y caminos rurales, cuya clamorosa ausencia penaliza a los agricultores de lugares aislados, como es el caso del VRAEM. Pero también es indispensable que la inversión pública facilite el acceso al agua, que es el factor más importante en el éxito de la agricultura. El presidente Castillo ha anunciado un fondo de 600 millones para que el Estado compre productos agrícolas a productores hasta ahora perjudicados por la falta de caminos y de acceso al agua.
Pese a todo, el esfuerzo por definir una política pública orientada al desarrollo se vio empañado por la tendencia del primer ministro a amenazar y dividir. Guido Bellido se permitió afirmar que si el Congreso no aprueba la reforma agraria, “devolveremos a cada congresista a su pueblo”. Lo que es tanto más demagógico que la Comisión Agraria no ha recibido hasta ahora ningún proyecto referido a la llamada segunda reforma agraria.
Las cosas como son
Enviado de lunes a viernes
