No se trata de una opinión política, sino de las referencias objetivas que cualquier inversionista toma en cuenta antes de decidir adónde le conviene poner su dinero.

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Nos guste o no, una economía abierta que atrae inversiones para desarrollar su riqueza está constantemente sometida al análisis de especialistas extranjeros. A diferencia de las posiciones de los actores políticos, las agencias de calificación financiera tienen la ventaja de observar a la distancia, fría y comparativamente, puesto que se trata de establecer qué países ofrecen mejores garantías de poder pagar las deudas que contraen. Por eso la decisión de la Agencia Moody’s es un serio llamado de alerta. Seguimos mereciendo el llamado “grado de inversión”, pero la calificación crediticia de los bonos soberanos pasa de A3 al más modesto “BAA1, con perspectiva estable”. No se trata de una opinión política, sino de las referencias objetivas que cualquier inversionista toma en cuenta antes de decidir adónde le conviene poner su dinero.

Es la primera vez en veinte años que se produce un retroceso en la evaluación de nuestra confiabilidad crediticia. La razón es clara e inapelable: la polarización de los últimos dos años aumenta el riesgo político y dificulta la ejecución de políticas públicas orientadas a aumentar la producción y generar empleo. Moody’s considera, pese a todo, que el Perú continuará mostrando un alto grado de fortaleza fiscal y de resistencia económica. Pero nadie puede prever cómo se resolverá el conflicto entre poderes del Estado, las tensiones al interior del partido gobernante y las demandas sociales. La reacción prudente de la oposición frente al presupuesto para el 2022 parece una buena señal. Pero resulta claro que el gabinete necesita ser renovado para evitar que siga perdiendo respaldo popular.

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