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Desde que se lanzó la lucha contra la corrupción y se percibieron sus complejas conexiones con la vida política hemos repetido que lo peor que podía sucedernos es que se utilice el aparato judicial con objetivos políticos o el poder político para torcer la acción de la justicia. En tal caso, el Perú perdería en los dos campos: en la eficacia de la acción política y en la credibilidad de los procesos judiciales. Las necesidades de nuestra población son tan evidentes, que nadie debería poner en riesgo la degradación de sus condiciones de vida con tal de eliminar a un adversario político. Nada de esto significa preconizar la clemencia selectiva ni garantizar la impunidad de nadie, y sobre todo no de las más altas autoridades.
El presidente de la República ha reiterado ser ajeno a toda forma de acto delictivo en relación al proyecto de aeropuerto de Chinchero y así concluyó la fiscalía cuando investigó su desempeño como ministro. Si hay nuevos indicios y la Fiscalía decide reabrir el caso, se le podrá juzgar cuando termine su mandato, que por cierto, Vizcarra mismo propone recortar de cinco a cuatro años. Entretanto, resulta irresponsable multiplicar los obstáculos a la solución de la crisis política que nos afecta a todos. El primer ministro ha tenido razón al sostener que es tan irresponsable promover la vacancia del presidente como el cierre del Congreso.
Conflictos sociales
Como sabemos, uno de los factores que ha contribuido a perturbar nuestro espacio público es la multiplicación de conflictos sociales en torno a proyectos mineros. Las protestas están alimentadas por la desconfianza en ciertas empresas mineras, sus pasivos ambientales y en algunos casos, la falta de beneficios para las poblaciones de las zonas de influencia de los proyectos. Pero junto a eso, se han repetido cifras y datos falsos que desembocan en consignas simplistas y demagógicas: “Agricultura sí, minería no”, por ejemplo, o peor aún: “La minería solo ha traído pobreza a las regiones y las comunidades”.
Por eso es oportuna la publicación de un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía por encargo de la Sociedad Nacional de Minería. Su tema específico es la estructura tributaria del sector minero. El informe compara el porcentaje de utilidades que las empresas mineras pagan en el Perú con otros cuatro países mineros: México, Chile, Canadá y Australia. Y concluye que en nuestro país la carga tributaria, que asciende al 47% de las utilidades, es ligeramente más baja que en México, pero por encima del promedio. El informe desmiente también afirmaciones sin fundamento que se han escuchado recientemente en el Congreso respecto a la devolución del Impuesto General a las Ventas, IGV.
Reconocimiento a Beatriz Merino
Una buena noticia nos llega de la lejana Islandia, uno de los países más nórdicos del mundo y el número uno de acuerdo al Índice de Paz Global de la ONU. Entre los logros institucionales de Islandia destaca la manera eficiente como hizo frente el 2008 a revelaciones inesperadas sobre corrupción en el Estado y el sistema bancario, pero también la promoción de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Islandia ha creado por eso un Premio Internacional a Mujeres con liderazgo mundial que se entrega cada año a una destacada ex presidenta o ex primera ministra.
Este año el Premio Trailblazer ha sido otorgado a Beatriz Merino, quien fue la primera mujer que ejerciera la presidencia del consejo de ministros en nuestro país, el 2003. Se destaca también el desempeño de Beatriz Merino como Defensora del Pueblo, que es al fin y al cabo una institución inventada por los países nórdicos. Trailblazer designa a alguien que abre camino. Esperemos que el ejemplo de competencia y honestidad dado por Beatriz Merino siga fecundando vocaciones al servicio público.
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