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El presidente del Congreso leyó ayer un pronunciamiento “frente a los últimos acontecimientos en nuestro país” en el que dosifica de tal manera las expresiones que los congresistas parecen haber entendido afirmaciones y actitudes contrarias. Algunos, como el vocero de la bancada PPK, juzgan que ha sido ofensivo al exhortar al presidente Vizcarra “a no tener miedo a gobernar”. Otros, consideran fuera de lugar que solicite a Vizcarra presentar excusas públicas por haber propuesto medidas radicales que enfrentan a los peruanos. Gilbert Violeta de Contigo interpreta que Pedro Olaechea ha ofrecido su respaldo al Ejecutivo, por lo menos respecto a medidas económicas. Lo real es que el tema más desarrollado en su breve intervención fue el marco constitucional. Olaechea no precisó cuál es la amenaza que motivó su reiterada defensa de la constitución, puesto que evitó hacer toda referencia a la propuesta presidencial de reforma constitucional. Si bien dijo “todos hemos cometido errores”, solo se refirió a los errores del presidente y omitió toda referencia a los errores del campo que lo llevó a la presidencia del Congreso.
Mientras los poderes del Estado definen sus posiciones sin hallar vías de convergencia, el país atraviesa un período exacerbado de conflictividad social. La situación es tal que un economista liberal, ajeno a toda ilusión revolucionaria, como Hernando de Soto ha llegado a decir que los conflictos sociales no son sino “una herramienta de los pobres para acceder a sus derechos a la propiedad y evitar el sometimiento que quieren imponerles políticos y funcionarios”. El ex responsable de la prevención y la gestión de conflictos sociales en la Presidencia del Consejo de ministros, Ronald Ibarra, sostuvo que el caso de Tía María en Arequipa ha contagiado otros sitios mineros como Quellaveco en Moquegua. El último informe de la Defensoría del Pueblo establece que solo en el mes de julio se han registrado 177 acciones de protesta, incluyendo marchas, movilizaciones, paros, bloqueos y quema de llantas. Hay además 22 alertas de conflictos, 16 de los cuales involucran empresas.
En estas circunstancias, no podemos dejar de contrastar el clima creado en nuestro país frente a las inversiones extractivas con la manera como el Estado chileno ha podido inaugurar una importante ampliación de la mina de cobre más grande del mundo, Chuquicamata. El cobre comenzó a ser extraído en Chuqicamata durante la época precolombina, pero su explotación industrial a cielo abierto data de 1915. La mina fue nacionalizada en 1971 por el presidente socialista Salvador Allende, pero desde entonces Chile ha seguido contando con una empresa estatal y sobre todo con una política de Estado que ha garantizado la continuidad del esfuerzo productivo pese a las alternancias políticas. Gracias a esa continuidad el presidente Sebastián Piñera ha podido inaugurar una instalación a más de un kilómetro bajo tierra en el desierto de Atacama, el más árido del mundo.
El Estado, las empresas, las autoridades regionales, los sindicatos, los partidos y las asociaciones civiles son responsables de mejorar las condiciones de vida de la población y hacer respetar la vigencia de la ley. Pero también los individuos, en su comportamiento diario. Todos los días lo vemos en la falta de respeto a las reglas del tránsito, pero el sitio arqueológico de Choquequirao, en el Cusco, ha sido escenario de un ejemplo antológico de capricho, irresponsabilidad y arrogancia. Un helicóptero privado aterrizó en zona protegida pese a las explícitas prohibiciones. El aterrizaje puso en riesgo la vida de turistas y vigilantes, pero el piloto del helicóptero de la empresa Heliámerica y sus ocupantes decidieron no tomar en cuenta la prohibición que se les trasmitió y tampoco quisieron identificarse. Solo nos queda esperar la más severa sanción para que la palabra respeto siga teniendo un valor en nuestro país.
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